
Estas iniciativas avanzan en este país de la mano de la Comisión de Amnistía que busca restaurar la dignidad de quienes fueron perseguidos por la dictadura y estigmatizados como guerrilleros. Estas comisiones, en actos públicos, piden perdón a las víctimas en nombre del Estado, como reparación simbólica, y entregan sumas de dinero para reparar los daños que la estigmatización produjo, como pérdida de empleo o exilio. El ICTJ habló con Mario Miranda de Albuquerque, presidente de la Comisión de Amnistía del Estado de Ceará, nordeste de Brasil, sobre la importancia de que se den estos procesos en lo local.
¿Cuál es el potencial que tiene la justicia de transición en el Brasil en el nivel local?
“Digamos que aún es limitada pero con buenas experiencias en algunos Estados. De los 25 estados brasileños, sólo ocho han establecido comités de amnistía, y estos han limitado su acción sólo para reparar a las víctimas en materia financiera (a excepción de Ceará, que realiza actos de memoria). Las víctimas de la violencia política, que fueron humilladas y estigmatizadas en el terreno público, aprecian mejor como acción reparadora por parte del Estado los actos que se realizan en el lugar en donde viven y donde estas humillaciones se produjeron. Es en lo local donde quieren la restauración de su dignidad, pues es allí donde fue afectada. En este sentido, aún queda mucho por hacer en materia de justicia de transición en Brasil”.
¿Qué políticas públicas existe de atención a las víctimas en el ámbito local?
“Los gobiernos locales sólo están realizando el pago de dinero a los perseguidos políticos de la dictadura, en muchos casos a sus cuentas bancarias por lo que no toda la población tiene conocimiento de la reparación. Faltan aún medidas de apoyo psicológico a las víctimas de tortura y a sus familias. No hay tampoco acciones de memoria y verdad en el campo local, y está prohibido si quiera pensar en la rendición de cuentas por parte de los violadores de derechos humanos”.
Pero usted habla de políticas de memoria en el estado de Ceará, ¿cuáles son?
“Ceremonias públicas para la entrega de la indemnización, con la presencia de las principales autoridades del Estado, como el gobernador y el alcalde; la expedición de un certificado con pedido de disculpas, ceremonias públicas a través de los medios de comunicación en general, así como la publicación de artículos y secciones especiales en periódicos, entrevistas, debates en la radio y la televisión. Publicación de libros, conferencias y debates en las universidades para estimular a los estudiantes a elegir ese período histórico como tema de su monografía de grado. Así mismo, llamar calles, plazas y edificios públicos con los nombres de las víctimas fallecidas en la persecución política. Apertura del Centro de Documentação e Memória da Associação 64 / 68 – Anistia, organización que reúne a los perseguidos políticos de Ceará. También está la proyección de películas y videos en las universidades y escuelas secundarias; realización de sesiones especiales y audiencias públicas en la Asamblea Legislativa y concejos municipales, la emisión del sello alusivo a fechas importantes para el correo nacional, y la concesión de honores y medallas, entre otras medidas”.
¿Cómo está conformada la comisión de amnistía de Ceará?
“La Comisión de Amnistía de Ceará se compone de 11 representantes de organismos gubernamentales, y de cinco de organizaciones no gubernamentales. El gobernador elige a su presidente de uno de estos integrantes. Funciona vinculada a la Secretaría de Justicia y Ciudadanía, cuenta con dos funcionarios administrativos, con presupuesto anual y se reúne una vez al mes para avanzar en los procesos de juicio. Hasta el momento hay un avance de 60% en los casos presentados. Funciona desde 2004”.
En el caso de las amnistías entregadas a quienes fueron perseguidos como presos políticos durante la dictadura, ¿qué derechos se están restituyendo a las víctimas?
“La tarea de restitución de derechos corresponde principalmente al gobierno federal, que proporciona un tipo de renta vitalicia a las personas que sufrieron la pérdida de su trabajo por razones de persecución política. A quienes no tenían contrato de trabajo se les concedió una indemnización en un solo pago por la suma de treinta salarios mínimos por los años de persecución, limitado a un tope de cien mil reales. Por otra parte, la víctima es declarada políticamente amnistiada y el Estado pide disculpas formales por la persecución, lo que sin duda ayuda a restaurar, como reparación simbólica, su dignidad”.
¿Cuál es la importancia del reconocimiento de la falla del Estado en estos procesos?
“Los actos de Estado, ya sea mediante reparaciones económicas o bien a través de la disculpa formal, tienen un profundo impacto en la reconstrucción patrimonial de las familias y, especialmente, en la vida psicológica y social de las víctimas, ya que restablecer la dignidad contribuye al establecimiento de un clima de distensión política interna”.
¿Por qué es importante que estos procesos se den de cara a la opinión pública?
“Porque un fin último del proceso de reparación debe ser la reforma del Estado encaminada a fortalecer una cultura de respeto por el Estado democrático y social de derecho en América Latina, entre otras cosas para que las graves violaciones de los derechos no vuelvan a ocurrir”.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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