Foto: Cortesía, Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado Alcaldía de Medellín
REPORTAJE CENTRAL
Municipios, con retos y potencial para atender a las víctimas
Contrario al tradicional y gran campo de aplicación de la justicia transicional, el del nivel nacional; hoy los municipios en Colombia están mostrando que también es posible hablar de verdad, justicia y reparación a las víctimas desde el nivel local. Con algunas restricciones e impedimientos, diversas municipalidades como Medellín, Cartagena, Barrancabermeja y Bogotá le apuestan al tema en sus planes de desarrollo y, en algunos casos, con políticas concretas de atención a víctimas. Pero ¿cuál es el real potencial de la justicia transicional en lo local?
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Lo primero que hay que decir es que la actuación de los municipios no puede, de ninguna manera, reemplazar la labor del gobierno nacional en materia de atención a víctimas y reconocimiento, pero sí pueden contribuir a sumar esfuerzos, a la construcción de confianza y a la movilización de comunidades.
Por esto, la potencialidad de la justicia transicional en lo local está limitada por la demanda de reconocimiento y por la necesidad de implementación de políticas nacionales; pero sin duda el trabajo local aporta a que las medidas tengan más en cuenta las realidades regionales y a las víctimas que participan de estos procesos.
Otra limitación clara es la decisión política: pues aunque los municipios cuentan con competencias y facultades legales para responder a las exigencias de los grupos vulnerables y de víctimas del conflicto armado, no se avanza (con excepción de las obligaciones legales en materia de desplazamiento forzado) si las administraciones municipales no desarrollan proyectos o programas dirigidos a la atención de estos grupos poblacionales. Resulta paradójico que el nivel con mayor cercanía a la población y, por tanto, a sus necesidades reales pueda actuar decididamente para mejorar la situación de las víctimas y a la vez, relegarlas al olvido y a la invisibilización.
Camila Gamboa, profesora de derecho de la Universidad del Rosario, habla de la necesaria articulación entre lo local y lo nacional, a través de intervenciones integrales que no generen esfuerzos aislados de ninguna de las partes.
Por ahora, el panorama de la justicia transicional en Colombia desde lo local sigue mostrando un mapa desbalanceado tanto en la iniciativa oficial (no se puede hablar de una mayoría de municipios implementando esquemas de atención), como en los recursos y los esfuerzos, pero con un gran potencial de “transmisión positiva” a otras municipalidades. A continuación, algunas prácticas que pueden contribuir a esa “transmisión de buenas prácticas”.
El caso de Bogotá: atención y memoria
“Muchas de las respuestas a las necesidades de las víctimas están en lo local”, asegura Álvaro Córdoba, director del programa de atención a víctimas del conflicto armado adscrito a la Alcaldía de Bogotá. Bajo este precepto es que el distrito trabaja para satisfacer necesidades directas de atención sicológica, siquiátrica y jurídica de las víctimas a través de los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia y Delitos (Cavid).
Si bien los Cavid operaban desde el 2006, es desde el 2008 que empiezan a atender a las víctimas del conflicto armado y graves crímenes, pues en sus inicios estaban enfocados principalmente en la atención a víctimas de violencia común.
Para desarrollar un plan integrado de atención a víctimas, lo primero que hizo Bogotá fue incluir el tema en el plan de desarrollo, “sin embargo, el plan de desarrollo puede ser un canto a la bandera sino hay una estructuración en los proyectos de inversión que es lo que permite materializar el plan”, asegura Córdoba. En el caso de Bogotá, el que permitió convertir en realidad la teoría del plan de desarrollo fue el proyecto de inversión 603 que asignó desde la Alcaldía 800 millones de pesos al programa, que después, gracias a recursos de cooperación internacional, se ampliaron a 8.000 millones de pesos.
Además de la atención sicológica y la asesoría legal, la Alcaldía asumirá desde el próximo 1 de abril casos de representación judicial. Todo este trabajo lo realizan basados en algunos preceptos políticos que consideran fundamentales: reconocen sin ambigüedades que en Colombia hay conflicto armado, aseguran que siguen existiendo grupos paramilitares, que no hay una situación de postconflicto o transición, y respaldan toda iniciativa de paz y solución negociada al conflicto. Con estas líneas políticas, desde lo local se enfrenta el discurso muchas veces de negación que se construye a nivel nacional como una forma interesante de ganar confianza entre las víctimas. Por ejemplo, fue la Secretaría de Gobierno de Bogotá la que denunció la existencia del fenómeno de los “falsos positivos” en Soacha.
Así mismo, los Cavid trabajan con distintos enfoques. Hay 11 en todo Bogotá de los cuales uno está especializado en Justicia y Paz, otro en género, otro en tierras, uno en niñez y uno móvil con énfasis en población desplazada, lo que les permite llegar hasta el lugar donde están las personas afectadas. En el 2009 se atendieron a 3.990 víctimas de las cuales 498 estaban registradas en Justicia y Paz.
Lo que aún no alcanza a dimensionar el programa de atención es la cantidad de víctimas que hay en la ciudad. Córdoba dice que se sabe de 8.000 víctimas de la ciudad que se encuentran registradas en Justicia y Paz pero el número total de posibles beneficiarios del programa sería mucho mayor.
Bogotá también avanza en temas de memoria histórica con la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que será inaugurado a comienzos del próximo año y donde también habrá un Cavid. En este centro se unirán actividades de representación artística, construcción de la historia de las víctimas, con labores de archivo y atención.
Así mismo, un dilema al que se enfrenta la administración, así como el resto de municipios, es cómo hacer sostenible el programa y blindarlo frente a los cambios políticos. Para Córdoba la clave está en aumentar el costo político de cerrar un programa de atención a víctimas; según él, esto se logra con marcos jurídicos que garanticen ejecución en el futuro, tal y como se logró con el Acuerdo 370 de 2009, en el que el Concejo de Bogotá establece los lineamientos y criterios para la formulación de la política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aún así, lo que está claro es que la implementación de medidas de justicia transicional también está muy ligada a la voluntad política: sea en lo regional y lo local, y de esto depende su verdadera potencialidad.
Medellín, seis años de atención
Este mural en San Javier, Comuna 13, es también una muestra de las actividades de reparación simbólica que adelanta el Programa de Atención a Víctimas.
Foto: Cortesía, Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado Alcaldía de Medellín
Medellín es la ciudad que lleva más tiempo desarrollando un programa de atención a víctimas en el marco de la administración municipal. En seis años de trabajo, han logrado refinar prácticas y convertir el tema en política municipal, sin embargo hay retos diarios como la permanencia del conflicto en la ciudad y la diferenciación clara entre los programas de atención a víctimas con los de victimarios. El programa de atención a víctimas en Medellín nace en la coyuntura del proceso de desmovilización paramilitar y respondió a una demanda de las víctimas por recibir atención y que ésta no sólo se concentrara en los victimarios, por eso el riesgo de que ambas atenciones se traslapen sigue siendo latente.
Esta ciudad, como Bogotá, también empezó primero con atención psicosocial a las víctimas y con el tiempo fue incluyendo nuevas medidas relacionadas con reparación y memoria. En la actualidad el programa trabaja en 8 de las 14 comunas, y en un corregimiento, con foco en los barrios más vulnerables.
Aunque no hay cifras claras de la atención, pues el Programa no empezó sistematizando todas las acciones, se calcula que entre 2004 y 2007 más de 2.044 personas fueron atendidas en materia psicosocial, mediante talleres con adultos, actividades artísticas con niños, capacitación y acompañamiento en el duelo y atención sicológica individual. Así mismo, 3.576 personas recibieron asesorías jurídicas, 465 participaron en programas de construcción de memoria histórica como bancos de testimonios y talleres narrativos, y 1.910 se han beneficiado de los servicios del área de fortalecimiento institucional. La mayoría de personas atendidas en Medellín son víctimas de homicidio y desplazamiento forzado.
Los principales logros que exhibe Gabriel Jaime Bustamante, director del Programa de Atención a Víctimas, es la inclusión del programa en el plan de desarrollo, la credibilidad frente a otras instituciones, el mejoramiento con las intervenciones en la calidad de vida de las víctimas, y el avance de programas de reparación a víctimas de desaparición, minas, entre otras, con proyectos de restitución de vivienda y reparación simbólica.
Los retos siguen siendo los asociados al conflicto y a los cambios políticos. Y si bien Bustamante enfatiza la importancia de estos procesos locales de cara al reconocimiento de las víctimas (Medellín por ejemplo sí incluye a las víctimas de crímenes de Estado como beneficiarias del programa) y la implementación de medidas que puedan afectar positivamente sus vidas; también reconoce que no existen procesos de orden nacional que alienten estas iniciativas locales. El marco normativo es restringido, hay un desbalance en la distribución de recursos para el trabajo con víctimas y victimarios, y la elaboración de modelos de intervención no tienen en cuenta las experiencias locales.
Medellín, sin embargo, es un caso exitoso de atención a víctimas en lo local y una iniciativa que podría ser replicada positivamente en otras regiones con alta concentración de víctimas.
Los casos de Cartagena y Barrancabermeja muestran que es posible la atención y protección de los derechos de las víctimas de lo local, aunque son casos incipientes. En ambos casos se están formulando los planes de atención y parece que existe la voluntad política para hacerlos viables. En el caso de Barranca el tema de atención a las víctimas está incluido en el plan de desarrollo y se han definido ya tres líneas de trabajo, como explica Harold Villabona, asesor de paz y convivencia de la Alcaldía del municipio: memoria, partiendo de la percepción de las víctimas y como reparación simbólica; apoyo psicosocial y jurídico, y conmemoración, en este punto ya ha sido escogido el 16 de mayo como un día de conmemoración en honor a la memoria de las víctimas, (acuerdo 011 de 2009, Concejo Municipal).
En el caso de Cartagena, el proceso es aún más embrionario. Hasta ahora se empieza con el establecimiento de centros de atención que brinden un acompañamiento jurídico, psicosocial y en salud mental. Así mismo, trabajan para orientar a las víctimas sobre el ejercicio de sus derechos. Pero aún están en la construcción de la línea base. Por ahora, se enfocan en trabajos puntuales de asistencia a población desplazada y algunas acciones de reparación simbólica a colectivos de víctimas como el caso de El Salado. Un proyecto que podría tener una interesante mirada étnica es la mesa piloto que desarrollan con la comunidad Zenú, pero aún los resultados están por verse.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
Publicación
- ICTJ presenta nueva publicación con propuestas concretas para reparar en Colombia
Partiendo de la premisa que la reparación a las víctimas en Colombia es una tarea aún pendiente, que necesita ir más allá de las entregas de dinero en el marco de las reparaciones administrativas, el ICTJ presenta su más reciente publicación con propuestas concretas de políticas públicas para la reparación integral de las víctimas en Colombia.
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Noticias
- Marzo 10 de 2010 - Masacre de Barranca: nuevos señalamientos del 'Panadero' a miembros de la Fuerza Pública
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- Marzo 09 de 2010 - Siguen apareciendo los muertos de 'Caracortada'
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Acerca del ICTJ
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Acerca del Fondo Global para la Paz y la Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (GPSF)
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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