Foto: Cortesía, CNRR
REPORTAJE CENTRAL
Tras dos años de pilotos, es hora de abrir la discusión sobre la política de reparaciones colectivas
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) debe proponer cómo reparar a los grupos víctimas del conflicto. Luego de tres años de trabajo, las lecciones de los ocho casos piloto serán un buen punto de partida. La mesa de expertos convocada por el ICTJ propone elementos para la discusión.
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En el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, un puesto de salud con tres empleados y un odontólogo que va dos veces a la semana es uno de los logros que ha dejado un plan piloto para reparar los daños del conflicto armado en esa comunidad recordada por la masacre de febrero de 2000. Allí llegó hace al menos dos años la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el encargo de contactar a la comunidad para averiguar, a partir de su caso, cuál es la mejor manera de reparar a las comunidades que han padecido los efectos de la guerra.
Hoy en día, en otros siete lugares hay resultados parecidos. En el corregimiento La Libertad (San Onofre, Sucre) se levantaron, por ejemplo, una gradería para una cancha y un parque infantil, y se entregaron 833 tanques para almacenar agua. En La Gabarra (Tibú, Norte de Santander), la comunidad concertó con la CNRR construir un restaurante comunitario y fortalecer las organizaciones comunales.
Los colectivos que han recibido estos beneficios no tenían ni los “mínimos vitales” satisfechos, afirma la CNRR para explicar por qué las medidas que se han ensayado en estos ocho lugares –al menos en lo material– se parecen más a lo que cualquier gobierno local debería garantizarle a toda la población (un acueducto, una escuela o un puesto de salud) que a una medida enfocada a víctimas de violaciones a los derechos humanos. La CNRR ha advertido que lo hecho hasta ahora no es en sí la reparación, sino más bien una fase preliminar para garantizar algunos mínimos de la vida digna.
Una valla indica en La Gabarra la puesta en marcha de uno de los ocho proyectos pilotos de reparaciones colectivas.
Foto: Cortesía, CNRR
Los beneficios materiales son sólo una parte de un proceso que incluye medidas simbólicas de reconocimiento y de fortalecimiento de la presencia estatal, que comenzó con la reconstrucción de la historia de cada comunidad, el mapeo de los daños psicológicos y culturales que han afectado a la población y una recapitulación de sus procesos sociales organizativos. Sin embargo, la experiencia todavía no se ha evaluado porque aún no son públicos los resultados del proyecto piloto ni se conoce cómo estos ocho casos pueden moldear un futuro programa de carácter nacional.
Esa es precisamente una de las tareas que le encomendó a la CNRR la Ley de Justicia y Paz, aprobada el 25 de julio de 2005: proponer al Gobierno un plan nacional de reparaciones colectivas, según explica Catalina Díaz, coordinadora del área de Reparaciones del ICTJ Colombia e integrante de la mesa de expertos en política pública de reparaciones convocada por el ICTJ como parte de un proyecto financiado por el Gobierno de Canadá.
¿Y qué es una víctima colectiva?
“El desafío mayor para la CNRR es dar un paso más allá de la metodología de casos individuales. Han hecho una investigación de campo muy exhaustiva y han llegado a tener algunas propuestas de medidas de reparación para las víctimas –comenta Díaz–. Ahora deben pasar de esas lecciones aprendidas a un programa general, que implica definir a quién considerar como víctima colectiva”.
Pero dar ese salto significa determinar un patrón o un ‘modelo’ de víctima colectiva a partir de esos ocho casos, que incluyen comunidades campesinas y afrocolombianas, las Madres de la Candelaria (Medellín) y el Sindicato de Profesores de la Universidad de Córdoba, lo cual –desde luego– no representa todo el espectro de casos posibles, y cada grupo tiene además sus particularidades.
“Se deberían comparar los resultados de cada piloto y proponer criterios para definir las categorías de sujetos colectivos víctimas. Además es clave conocer las características tipo de cada categoría: tamaño de un grupo promedio, composición poblacional (por ejemplo, número de niños, mujeres, adultos mayores ) y su situación en el tema de tierras e inserción en cadenas productivas”, agrega Díaz.
Un lugar especial en Colombia lo ocupan las organizaciones sociales y políticas que, históricamente, han sido uno de los blancos principales de los actores armados. En términos de la experiencia comparada, este tipo de organizaciones no han sido beneficiarias de reparaciones materiales sino más bien de actos de reconocimiento, dignificación y recuperación de la memoria. En los casos en los que se han implementado (Perú y Marruecos), las reparaciones colectivas de carácter material se han dirigido a comunidades indígenas o campesinas; pero no se han incluido organizaciones políticas o sindicales.
En el contexto colombiano es aconsejable que cualquier reparación para este tipo de sujetos comience por reconocer que han sido víctimas de persecución política, el impacto que esto ha significado no sólo para las organizaciones sino para la democracia colombiana, y la responsabilidad que le cabe a los distintos actores en los crímenes. El rol del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la CNRR en este aspecto es clave. La Mesa de Expertos recomienda además que los hallazgos del piloto de reparación con organizaciones sindicales puedan ser sometidos a sesiones de discusión con organizaciones víctimas.
“Varias organizaciones víctimas de persecución han expresado que un primer paso para la reparación sería recuperar su rol positivo en la sociedad, lo que implica un esfuerzo de reconocimiento, para luego entrar en la discusión de cómo reparar materialmente”, agrega Díaz. “En cuanto a lo último, podrían pensarse medidas como construcción de sedes de organizaciones, capacitaciones para sus miembros o sumas de dinero que puedan invertir libremente. La regla fundamental debe ser la participación de los sujetos víctimas en la definición de las medidas”.
Mirar hacia afuera
El caso de Marruecos sirve como referente para Colombia pues incluye un programa ambicioso con enfoque de género, ciudadanía y memoria histórica.
Foto: Cortesía de ICTJ
Si se supera el punto pendiente de quién es o no víctima colectiva, queda otro desafío no menos engorroso: ¿qué tipo de reparación se debe implementar? ¿El modelo de proyectos que ha impulsado la CNRR en sus casos piloto son los más adecuados al caso colombiano? Las dos experiencias en marcha en reparaciones colectivas, que ocurren en países con condiciones similares de desarrollo que Colombia, arrojan parte de las pistas: Perú y Marruecos.
En Perú, la reparación colectiva se materializó en proyectos más bien básicos para comunidades campesinas víctimas, como sistemas de riego y proyectos productivos, cuya razón de ser son las condiciones de extrema pobreza que dejó la violencia en las zonas más afectadas. Cada comunidad define un solo proyecto, según sus formas tradicionales de toma de decisiones.
El problema con este modelo –basado en combatir la situación de pobreza– es que, según lo han demostrado varias investigaciones, las víctimas no reconocen plenamente que los proyectos tengan carácter de reparación por violaciones a los derechos humanos. “El caso Perú deja como lección que transmitir bien el mensaje es fundamental”, apunta la coordinadora de Reparaciones del ICTJ.
Por su parte, en Marruecos, los proyectos son más amplios, organizados en categorías como género, ciudadanía o memoria histórica, que se pueden cruzar entre ellos, por lo que en alguna comunidad es posible encontrar iniciativas de memoria y proyectos productivos a la vez. En lugar de que cada colectivo defina un proyecto, se organizan convocatorias entre organizaciones –incluyendo por ejemplo a jóvenes y mujeres– y se escogen las mejores propuestas.
En este país, las preocupaciones giran en torno a la centralización de las decisiones y a la garantía de que grupos minoritarios o con poco poder accedan a los beneficios.
La propuesta: una mezcla de ideas
Según cifras oficiales, en Perú el programa de reparaciones ha financiado más de 1.200 proyectos en comunidades afectadas por la violencia. En la foto, la población de Obas, Yarowilca, Huanuco, donde el programa financió una granja.
Foto: Cortesía de Presidencia del Consejo de Ministros de Perú
De acuerdo con las discusiones sostenidas en la mesa de expertos, tanto la experiencia peruana como la marroquí pueden aplicarse en Colombia. La opción recomendable es mezclar los proyectos decididos por la comunidad que se implementan en Perú con la ‘bolsa’ de recursos que se definirían por concurso.
De ese modo, toda comunidad beneficiaria del programa de reparación colectiva contaría con la capacidad de decidir de acuerdo con formas democráticas en qué invertir parte de los recursos y, para garantizar pluralidad y complementariedad (es decir, que así como se construyen acueductos se puedan patrocinar museos de memoria), las organizaciones sociales dentro de dichas comunidades podrían postularse para recibir recursos para otras iniciativas.
En todo caso, “las reparaciones colectivas no deben reemplazar las individuales que se empezaron a entregar el año pasado. El hecho de que una persona haya recibido reparación individual no excluye que su comunidad tenga derecho a ser reparada”, aclara Díaz.
Y a pesar de que la discusión sobre el modelo más adecuado seguramente va a ser larga, lo fundamental es que dicha discusión se dé abiertamente, y que las lecciones de las ocho experiencias implementadas por la CNRR, con sus logros y defectos, se apliquen en la formulación de una política de reparaciones colectivas como lo ordena la Ley. Desde 2005 la Ley de Justicia y Paz puso el tema sobre la mesa. Desde 2006 la CNRR planteó la idea de los casos piloto. “Ha pasado un tiempo más que suficiente para empezar a esbozar las líneas generales”, concluye Díaz.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
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El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Acerca del Fondo Global para la Paz y la Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (GPSF)
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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