
En el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, un puesto de salud con tres empleados y un odontólogo que va dos veces a la semana es uno de los logros que ha dejado un plan piloto para reparar los daños del conflicto armado en esa comunidad recordada por la masacre de febrero de 2000. Allí llegó hace al menos dos años la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el encargo de contactar a la comunidad para averiguar, a partir de su caso, cuál es la mejor manera de reparar a las comunidades que han padecido los efectos de la guerra.
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Que se incluya un capítulo especial para atender las necesidades educativas de las víctimas de desplazamiento dentro de un programa nacional de reparaciones es la propuesta de Luis Eduardo Pérez Murcia, economista experto en temas de derechos humanos, quien formó parte del grupo de analistas de política pública convocados por el ICTJ para hacer propuestas de política pública al Estado colombiano.
Mientras aumentan las cifras de beneficiados por esta ayuda, el país está en mora de evaluar el verdadero impacto que como reparación genuina tiene la implementación del denominado programa de reparación individual administrativa. Aún en la implementación es necesario hacer los correctivos políticos para que el programa tenga efecto reparador.
Los próximos 4 y 5 de marzo tendrá lugar en Medellín el seminario internacional Justicia Transicional desde lo local, organizado por el ICTJ con apoyo del gobierno de Canadá. En este escenario se mostrarán las experiencias de distintas municipalidades tanto colombianas como internacionales en la asistencia a víctimas y en procesos de verdad, justicia y reparación.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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