Foto: ICTJ Américas
Reparaciones
Perú, nuevos obstáculos en la política de reparación
El Consejo de Reparaciones, órgano encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) en el marco de la Ley del Programa Integral de Reparaciones, anunció en octubre la posibilidad de que se suspenda la inscripción de casos debido a la falta de recursos financieros, hecho considerado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) como un retroceso del proceso de reparación que se desarrolla en el Perú.
En un comunicado emitido el 19 de octubre, el Consejo de Reparaciones informó que durante el año 2009 ha trabajado con el 34% del presupuesto solicitado, y que el Ministerio de Economía no ha respondido a una solicitud de 800 mil soles (270,000 dólares, aproximadamente) adicionales requeridos para cubrir los gastos del Consejo durante los tres últimos meses de este año. El Consejo señaló que la situación “es tan grave que en este momento existe el riesgo de suspender la inscripción de casos en el RUV y disminuir al mínimo la atención a las víctimas que solicitan su inscripción. Además se suspendería el trabajo de evaluación de más de 28 mil solicitudes que están en las oficinas del Consejo de Reparaciones”.
Según Jairo Rivas, secretario técnico del Consejo, desde que se iniciaron las labores del Registro, sólo se ha logrado avanzar en un 25% de los casos. Esto se debería a numerosas dificultades financieras. El Consejo de Reparaciones estima que existe un número aproximado de 280.000 víctimas a ser inscritas en el RUV, pero hasta la fecha sólo se han registrado 61.216 personas como víctimas individuales y 5.409 comunidades como beneficiarios colectivos.
El RUV, creado por la ley que estableció el Plan Integral de Reparaciones (PIR), no es sólo el instrumento que permite registrar a las víctimas del conflicto armado para que puedan acceder a las reparaciones previstas por la ley. Es también, y de manera mucho más importante, un instrumento para el reconocimiento por parte del Estado de la condición de víctimas de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufrieron las consecuencias de la violencia. Esto resulta fundamental si consideramos que, según la Comisión de la Verdad y Reparación, existió una relación directa entre las brechas socio-económica, regionales y étnico-culturales, y la forma en que se dio la violencia, revelando el racismo y la discriminación presentes en la sociedad peruana.
El Registro juega un papel importante en la superación de la marginación sufrida por las víctimas, contribuye a que éstas recuperen la confianza en las instituciones del Estado, a que tomen conciencia de su condición como sujetos de derechos y como ciudadanos, y a que sean incorporadas en el nuevo proyecto de país, refundando el pacto social que vincula a todos los peruanos.
El presidente del ICTJ, Alex Boraine, envió una comunicación al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, Javier Velásquez Quesquén, entidad de la cual depende el Consejo de Reparaciones, manifestando que “no completar el registro envía un mensaje muy negativo a las víctimas y les niega la posibilidad de ser reconocidas como tales por el Estado”. Por otro lado, preocupa la posibilidad de que la situación afecte la futura implementación de reparaciones individuales, ya que según el artículo 37 del reglamento del Plan Integral de Reparaciones, las reparaciones económicas individuales “sólo tendrán lugar cuando haya sido cerrado el proceso de determinación e identificación de las víctimas”. Esto limitaría en gran medida todos los esfuerzos avanzados en el país en materia de reparación, que además son compromisos consagrados por la ley.
El PIR se basa en una concepción integral del proceso de reparaciones, que busca “combinar apropiadamente medidas de reparación simbólica con medidas de reparación material; y por incluir medidas de naturaleza individual acompañadas de medidas de carácter colectivo”, es decir, reparar no sólo a las víctimas directas y sus familiares, sino también al daño colectivo sufrido por las comunidades.
La política de reparación asumida por el Gobierno peruano desde 2007 se centra en la implementación de un Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) que consiste en proyectos de inversión de hasta un monto de 100 mil soles por comunidad afectada (34 mil dólares aproximadamente), mientras que las decisiones sobre medidas de reparación individual han quedado postergadas sin fecha ni metas claras. Según datos de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), hasta la fecha se han financiado 1.083 proyectos de reparación colectiva que han beneficiado a 1.066 comunidades.
Los avances en materia de reparaciones colectivas son importantes y actualmente el ICTJ desarrolla un proyecto en asocio con organizaciones peruanas para identificar el impacto de dichas inversiones en las comunidades afectadas. Es importante determinar de qué manera estos proyectos pueden ser confundidos por los beneficiarios con acciones derivadas de la política social, que no pueden ni deben ser entendidas como actos de reparación, pues no implican medidas de reconocimiento. ,La CMAN ha criticado la lentitud del Consejo de Reparaciones en el proceso de registro y la falta de coordinación de los dos órganos ha llevado a que las reparaciones se desarrollen con prescindencia del proceso de reconocimiento e inscripción generado por la Ley de Reparaciones.
Asimismo, el presupuesto solicitado para el 2010 para atender a víctimas de la violencia está destinado a continuar con reparaciones colectivas por un monto de 40 millones de soles (23 millones de dólares), con la solicitud de un monto adicional de 25 millones de soles (11 millones de dólares) para iniciar reparaciones individuales en salud y educación, sin contar aún con una propuesta clara para iniciar reparaciones económicas individuales.
Las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que forman la base conceptual del programa de reparaciones, insistieron en la aproximación integral a los daños causados por la violencia en individuos y en comunidades, además de enfatizar la necesidad de organizar programas estatales específicos destinados a cubrir aspectos vinculados a la salud, educación, la rehabilitación, identidad y memoria de las víctimas. Suspender el proceso de registro y certificación, por falta de recursos, puede afectar severamente las posibilidades de restaurar la dignidad de miles de peruanos que esperan una satisfacción largamente postergada. Así mismo, es necesario que una vez los recursos sean asegurados, el desarrollo de mecanismos eficaces de registro por parte del PIR contribuya a continuar con pasos certeros el proceso de reparación en Perú.
Para mayor información visite:
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
- PDF - Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión
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El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
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