

es el rango de hectáreas de tierra que habrían sido arrebatadas a las víctimas del conflicto en el país. La cifra menor es del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (2006) y la mayor es del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (2007). En la mitad está el cálculo de 5,5 millones de hectáreas hecho por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

de la tierra apta para explotación agropecuaria en Colombia fue abandonada o despojada, según las cuentas de la Comisión de Seguimiento.

es el rango de personas que habrían sido desplazadas en Colombia hasta el año pasado. La diferencia entre una cifra y otra se debe a las diferencias de criterio entre entidades oficiales y organizaciones sociales e instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La importancia de este dato radica en que de él saldrá la base poblacional para la reparación de tierras.

de los registros prediales del país estaban desactualizados en 2007, y hace ya 15 años se llevó a cabo la última actualización catastral de carácter nacional. Este atraso representa una dificultad a la hora de rastrear el cambio en la propiedad y el uso de la tierra.

podría ser el año de partida del rastreo de tierras usurpadas en Colombia si se tuviera en cuenta el mayor periodo de despojo, que iría hasta 1995 y sobre el que mayor consenso hay entre los expertos. Un último período podría ubicarse del año 2000 en adelante. Sin embargo, para otros estudiosos del tema, el primer gran período contemporáneo de usurpación de tierras empezó en 1946, durante La Violencia.

de los propietarios de bienes rurales en Colombia tienen el 62,6 por ciento de la tierra, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8 por ciento de la superficie.

Comisiones Regionales de Restitución de Bienes habrá en sendas capitales de departamento en el primer semestre de 2010, según lo planteado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Ministerio del Interior y de Justicia. Hasta ahora se han abierto seis.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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