Foto: Cortesía de la CNRR
ENTREVISTA
‘Sin restitución de bienes no se puede solucionar el conflicto armado en Colombia’
Patricia Buriticá, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y una de las responsables de proponer un programa de restitución de bienes, plantea que la reparación debe tener en cuenta a unas 418.000 familias que habrían perdido sus tierras desde los años 70. A diferencia de la reparación administrativa que hoy está en curso, este nuevo programa no tendría registros generales de víctimas sino que empezaría a resolver los casos más documentados y emblemáticos, para luego incluir a otras personas.
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¿Cuál es la importancia de la restitución de bienes dentro de un programa de reparaciones en un país como Colombia?
La almendra de la solución del conflicto armado en Colombia es acabar con el despojo de tierras y territorios, que ha sido una fuente de poder. Los grupos armados al margen de la ley han trabajado por tener un control territorial, control de la población, control de lo político, de lo económico, pero eso lo han podido hacer a través de la apropiación de las tierras.
La aplicación de un buen programa de restitución de bienes permitiría obtener tres ganancias: una, reconocimiento y un verdadero proceso de resarcimiento con las víctimas del despojo, abrirle campo a la reconciliación para que estas víctimas sientan que el Estado reconoce lo que les hicieron los actores armados con la omisión del Estado, pero que también se está dando una nueva posibilidad de reconstruir proyectos productivos y de vida.
Dos, me parece que un proceso de estos significaría una oportunidad para que las regiones empiecen a tener un modelo de desarrollo agrícola. Pero eso tiene que estar ligado a un apoyo económico que permita que, si producen tomates, tengan cómo sacarlos, dónde venderlos y cómo ganar.
La tercera ganancia es que el programa logre una verdadera distribución equitativa e igualitaria de la tierra productiva en Colombia.
La comisionada Patricia Buriticá (centro), durante una actividad en terreno de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).Foto: Cortesía de la CNRR
Más allá de la restitución como tal, la distribución de la riqueza y el modelo de desarrollo son dos puntos críticos en Colombia. ¿Hay ambiente para tratar esos temas?
Yo creo que hay muchas adversidades. Primero, el enfoque que dio a la política agraria el ex ministro Andrés Felipe Arias: desarrollo agrícola con base en la inversión de los ricos en el campo. No tuvo en cuenta la potencialidad de los campesinos y productores del campo para generar riqueza. Este enfoque hay que cambiarlo. Más allá del debate de los subsidios de Agro Ingreso Seguro, el crecimiento en el campo fue apenas del 2,6 por ciento, mientras que la economía en general creció el 5 por ciento en los últimos años. No hay realmente hoy un planteamiento de desarrollo agrícola serio.
Lo segundo es el tema de la seguridad ante el rearme de los nuevos grupos. Es ilógico plantear un programa de restitución de bienes para que la gente regrese al campo, sin seguridad. A los campesinos que se están organizando para reclamar sus tierras los están matando.
Lo tercero son los recursos que implican un programa de restitución de bienes, la inversión que el Estado tiene que hacer en este tema. Se necesita voluntad política, definiciones políticas, para que esa inversión se haga.
¿Cuál es su punto de vista sobre el universo de víctimas que debería abarcar el programa de restitución: propietarios versus ocupantes, y a partir de cuándo?
Yo creo que expropiación de tierras en Colombia ha habido desde la Colonia, pero deberíamos empezar a trabajar con mayor fuerza desde mediados de los setenta para acá, cuando tierras productivas y consolidadas empezaron a ser apropiadas por los grupos armados.
Frente al número de víctimas, hay un reconocimiento, por diversas fuentes, de que hay un universo de 418 mil familias, con diversos derechos: propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes secundarios, y todos esos derechos hay que respetarlos.
No es posible atender a todas las familias a la vez y el programa trabajará en las zonas más afectadas y por demanda, es decir, no vamos a llamar a todo el mundo a hacer fila. Se comenzaría por los procesos ya avanzados en Justicia y Paz, y con poblaciones que han avanzado mucho en sus reclamaciones. En Antioquia, la CNRR tiene 2.000 reclamaciones y hay 10.000 en Fiscalía. Esas son las primeras que vamos a manejar allá, sabiendo que en el camino se van a presentar muchas más.
En Turbo (Antioquia), municipio ubicado en la región del Urabá, se lleva a cabo uno de los primeros proyectos piloto de restitución de tierras, a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).Foto: Cortesía de la CNRR
¿Qué plantea el modelo que la CNRR está trabajando sobre la institucionalidad detrás de la restitución de bienes?
Planteamos que se necesita una institucionalidad nueva, que adopte el programa. No creemos que tengamos que hacer un nuevo Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), una nueva Superintendencia de Notariado y Registro, un nuevo Catastro, porque eso sería utópico, pero sí tiene que crearse una institucionalidad que sea la cabeza del programa, conduzca todas las actividades y articule las instituciones para que respondan por el proyecto.
Y frente al tema del esclarecimiento histórico, ¿qué implicaciones tiene que el Gobierno esté interesado en mejorar los sistemas de información oficial como forma de resolver lo que le exige la Corte Constitucional?
Al recuperar la tierra para la gente, se va encontrando uno la verdad: porque la gente va diciendo ‘Fulano fue el que me quitó la tierra’. Creo que nosotros como Comisión pasaríamos esta responsabilidad al Grupo de Memoria Histórica, que tiene una línea específica de investigación en despojo para que se vayan produciendo informes. Eso por el lado de la CNRR.
Por parte del Gobierno, establecer sistemas de información va a ser un insumo. Esto no es postura de la Comisión sino mía: creo que Colombia necesita una comisión de la verdad de tierras, que con independencia del Gobierno y con todos estos insumos vaya produciendo una acción real y pública sobre la verdad de la apropiación de la tierra. Ahora, el Estado dirá que va a hacer los sistemas de información. Mucho de eso, por no estar ahora en una etapa de posconflicto, va a ser recortado. En los sistemas de información no podemos centrar el tema de la verdad, pero estamos construyendo insumos.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
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