
¿Hay que devolverles la tierra únicamente a quienes hayan perdido cierto número de hectáreas o también a los grandes terratenientes? ¿Cuál sería el ‘año cero’ de la restitución, en un país que ha padecido el despojo de tierras desde siempre? ¿Si una víctima no tiene un título o alguna otra prueba, porque hizo negocios de palabra, tiene derecho a que la reparen? ¿Qué opciones habría en caso de que la víctima no regrese al campo?
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En un país donde muchas entidades ofrecen atención psicológica a las víctimas del conflicto, con múltiples enfoques e intereses, el papel de un programa nacional de rehabilitación psicológica podría parecer más de lo mismo. Pero, con alrededor del 10 por ciento de la población que ha vivido de cerca la violencia, los esfuerzos siguen siendo incipientes y es vital contar con un mínimo de coordinación y con una política nacional sobre el tema.
El Consejo de Reparaciones, órgano encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) en el marco de la Ley del Programa Integral de Reparaciones, anunció en octubre la posibilidad de que se suspenda la inscripción de casos debido a la falta de recursos financieros, hecho considerado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) como un retroceso del proceso de reparación que se desarrolla en el Perú.
Villa cultural en el siglo XIX, centro de detención y tortura entre 1973 y 1979, parque por la paz en 1996, monumento nacional en 2004; las transformaciones dejaron en Villa Grimaldi una cicatriz. Hoy, ligado a su pasado, este lugar recuerda a quienes lo recorren los horrores de la dictadura chilena, la tortura de 4.500 personas, la desaparición de 229 y la ejecución de 18.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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