Foto: Cortesía de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza
REPORTAJE CENTRAL
Reparaciones en Colombia, un debate que va más allá de los pagos a las víctimas
El Gobierno anuncia que ya ha entregado indemnizaciones a más de 1.500 víctimas de los actores armados ilegales y se avanza en la formulación de un programa para reparar a comunidades y en una reorganización institucional. Pero el discurso que acompaña estas medidas sigue dejando de lado la responsabilidad oficial.
Tres participantes del panel sobre reparaciones: Rodrigo Uprimny (izquierda), director de Dejusticia; Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, y Paola Buendía, directora de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación.
Foto: ICTJ
Reparación administrativa sin reconocimiento de responsabilidad del Estado. Discusiones no resueltas sobre quién tiene la obligación de reparar a las víctimas y por qué. Cómo embarcarse en reparación colectiva a comunidades afectadas por la violencia, cuando los derechos básicos de las personas que viven en ellas no se garantizan. Esos son tres de los puntos álgidos en Colombia hoy a la hora de hablar de indemnizaciones estatales a las personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos.
Mientras avanza el primer año de entrega de las reparaciones administrativas proyectadas a una década, en el país este escenario empieza a cruzarse con demandas de restitución de tierras, planes para incluir el tema de las víctimas como algo transversal en las políticas públicas, y el debate alrededor del trasfondo que el Estado les da a estas iniciativas están apenas en sus inicios.
Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), afirma que, si bien es un paso significativo el que hoy exista en el país un consenso sobre el derecho de las víctimas a obtener reparación, la discusión es cómo hacerlo efectivo, cuál debe ser su alcance, cuáles son sus contenidos y quién debe responder. También está sobre la mesa el debate sobre la articulación entre las vías judiciales y administrativas para hacer efectivo el derecho, por qué el Estado debe asumir su responsabilidad y dejar de lado el discurso de la solidaridad, y por qué no se debe discriminar a las víctimas de agentes del Estado.
“La reparación no puede entenderse como una indemnización monetaria exclusivamente. Durante los últimos años se ha entendido que el concepto incluye medidas de satisfacción y rehabilitación, y debe ir acompañado de búsqueda de la verdad, justicia y garantías de no repetición”, resumió Uprimny durante un panel del seminario internacional Recordar y Reparar, organizado por el ICTJ, Dejusticia, Fundación Social y Corporación Nuevo Arcoiris.
En el evento, llevado a cabo el 18 y 19 de agosto, representantes del Gobierno y de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR) expusieron los avances del programa de reparaciones administrativas, la formulación de un documento Conpes sobre políticas de atención y reparación a víctimas y la creación de un programa de indemnizaciones colectivas:
1. La reparación administrativa
Al 30 de septiembre de este año, 262.302 personas habían solicitado reparaciones administrativas, de acuerdo con información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. De ellas, 1.549 (alrededor del 0,5 por ciento) habían recibido reparación hasta mediados del mismo mes en 27 departamentos.
De acuerdo con Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, se espera que este año la cantidad de familias que hayan recibido los pagos llegue a 10 mil y que se hayan desembolsado unos 200 mil millones de pesos.
“El registro de víctimas a nivel nacional seguirá abierto hasta abril de 2010. Son en total entre 7 y 14 billones de pesos los que se entregarán de aquí a 10 años, aunque nunca van a ser suficientes para las víctimas. La situación fiscal de este país no es fácil y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo Ceballos, quien insistió en el concepto de “indemnización solidaria” para referirse al programa administrativo de reparaciones.
Justamente ese es el punto más controversial de la iniciativa gubernamental. Michael Reed, director del ICTJ Colombia, afirma que “la experiencia internacional ha demostrado, que para que las reparaciones sean una medida genuina de justicia, éstas deben expresar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, al tiempo que deben articularse con otras iniciativas de justicia transicional como el esclarecimiento histórico, el acceso a la justicia y las reformas de las instituciones para que los hechos de violencia no se repitan”.
2. De lo individual a lo colectivo
Proponer un programa de reparación a comunidades es uno de los mandatos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), según lo estipula la Ley 975 (Justicia y Paz). Hasta ahora, la CNRR ha adelantado las primeras fases de planes piloto con ocho colectividades, que van desde comunidades rurales afectadas por masacres, como El Salado (Bolívar), hasta el sindicato de Profesores de la Universidad de Córdoba y la organización de víctimas Madres de la Candelaria, de Medellín.
Entre las acciones adelantadas en el marco de los pilotos se ha incluido un fase de satisfacción de los mínimos vitales que ha implicado, por ejemplo, la construcción de graderías para escenarios deportivos, baterías sanitarias, puestos de salud, parques infantiles y tanques de almacenamiento de agua, junto con actividades como talleres de potabilización de agua.
¿Hasta qué punto estas mejoras materiales se pueden considerar reparación? Ana Teresa Bernal, comisionada de la CNRR, afirmó que el tema es problemático: “Hay que distinguir entre derechos fundamentales y la reparación de los daños. Sin embargo, en la práctica la recuperación de mínimos vitales puede encontrarse con el comienzo de un programa de reparación”, afirmó.
Para Catalina Díaz, coordinadora del área de Reparaciones del ICTJ Colombia, “la reparación colectiva no debe reemplazar a la individual ni tampoco a la lucha contra la pobreza en regiones que han sido marginadas de los beneficios del desarrollo. Además, en Colombia la formulación de un programa de reparación colectiva enfrenta un reto adicional y es que el país no cuenta con una investigación de campo nacional que indique cuáles son esos colectivos que deben ser reparados”.
3. La reparación y la “reorganización de la oferta institucional”
De acuerdo con Paola Buendía, directora de Justicia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la actualidad la entidad adelanta una revisión de lo que el Estado les ofrece a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El propósito es, de acuerdo con Buendía, reorganizar ese trabajo para efectos del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) sobre reparaciones que, acatando el decreto presidencial 1290 de 2008, debe desarrollar la medidas de rehabilitación, satisfacción, restitución y las garantías de no repetición.
“Nos encontramos en la identificación de la oferta institucional, que incluye trabajar en tres frentes: un marco conceptual, un diagnóstico institucional y la definición de principios rectores. Después se convocará a otras instituciones del Estado para definir responsable y organizaciones de la sociedad civil para lograr participación”.
Aunque el proceso está todavía en una etapa temprana, algunos de los temas que están incluidos son los enfoques diferenciales en atención y reparación a las víctimas (mujeres, afrocolombianos, entre otros), medidas para facilitar la restitución de bienes y la implementación de reparaciones colectivas. La pregunta que se impone es hasta dónde las nuevas medidas de reparación que el Estado debe implementar, corresponderán simplemente al cambio de nombre o a la readecuación de políticas sociales existentes.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
- PDF - Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión
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