Foto: Cortesía de la Presidencia de Chile
ENTREVISTA
El Museo de la Memoria de Chile, por la no repetición de los hechos
Como cabeza de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos conformada para proponer políticas sobre memoria y reparaciones simbólicas, María Luisa Sepúlveda está a cargo de la construcción de un museo para recordar los abusos de la dictadura.
María Luisa Sepúlveda (izquierda) y Michelle Bachelet, presidenta de Chile.
Foto: Presidencia de Chile.
Desde comienzos del próximo año, los chilenos contarán con un nuevo espacio en el circuito cultural Santiago-Poniente, en la capital del país. La diferencia de este nuevo edificio de 10.200 cuadrados con el resto de museos de la ciudad es que no estará dedicado a las artes plásticas sino a documentar la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, el tiempo que duró la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa, denominada Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, promete convertirse en un lugar para recordar los crímenes cometidos por la dictadura en este país del Cono Sur. No está exento de críticas, pero también alberga algunos consensos: la no repetición de los hechos, como lo explica María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos.
Sepúlveda, quien tiene a su cargo el Museo –el cual tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares– y otros proyectos oficiales, participó en Bogotá en el seminario internacional Recordar y Reparar, organizado por el ICTJ, Fundación Social, la Corporación Nuevo Arcoiris y Dejusticia.
¿De dónde surge la idea de montar un museo nacional para el tema de la memoria en Chile?
En Chile hubo dos informes de comisiones de la verdad, uno en 1991 y otro en 2004, que identificaron quiénes eran las víctimas. Las dos incluyeron dentro de sus recomendaciones la prevención, rescatar la memoria de las víctimas, dignificarlas y contar con medidas preventivas de educación. Desde este momento empezaron gestos y obras de memoria, y hoy hay más de 100 o 120 en el país, entre monolitos, obras dentro de los cementerios y rescate de centros de tortura como espacios de conciencia. Luego se pensó en hacer un museo nacional que diera cuenta de la diversidad de este drama que vivimos como sociedad y que pudiera albergar los archivos de la dictadura. No había ningún espacio que pudiera dignificar y acoger esta memoria: los que había eran pequeños o estaban en lugares con difícil acceso del público.
Habrá exposiciones temporales, un gran archivo de fotos, material audiovisual, archivos orales, testimonios de las víctimas, procesos judiciales, y va a existir otro espacio muy significativo, el de la exposición permanente, que va a dar cuenta de lo que pasó desde el punto de vista de las víctimas.
¿Para el surgimiento de este tipo de iniciativas es necesario un ejercicio previo de esclarecimiento histórico como el que realizaron las dos comisiones de la verdad?
Este es un proceso que en nuestro país lleva 19 años. Los informes de la verdad empezaron a establecer una verdad que no fue asumida por el conjunto de la sociedad. Para las víctimas y el movimiento de derechos humanos fue algo importante, pero tuvo menos impacto y menos conocimiento entre la sociedad en general. El segundo informe tuvo mayor aceptación porque, previo a éste, hubo un planteamiento de los diferentes sectores políticos solicitándole al gobierno de esa época que se asumieran los problemas de derechos humanos pendientes.
Nuestra realidad, y yo lo quiero dejar muy claro, es muy distinta a la de Colombia, a la de Guatemala o Perú. Nosotros tuvimos dictadura militar, en la que las víctimas fueron generadas fundamentalmente por el régimen del Estado en un periodo totalmente acotado: empieza el 11 de septiembre de 1973 y termina el 10 de marzo de 1990, y no hay ninguna discusión respecto a ese tema. Puede haber discusión sobre las causas, pero no sobre el periodo.
¿Cómo asume el público el museo y las demás acciones estatales a favor de la memoria?
Para un sector de la población, esto es una demanda que venía de hace tiempo. No es una ocurrencia de la Presidenta. Seguramente va a generar polémica: no hay ningún museo de la memoria de los derechos humanos en el mundo que no haya generado polémica. Es probable que algún sector de víctimas pueda pensar que es insatisfactorio para mostrar su verdad en un espacio que también es acotado, pero nosotros hemos tratado de conversar con las organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas, con expertos en historia. Hay otro sector que puede considerar que esto abre llagas y puede generar más tensiones que beneficios, pero soy una convencida de que si el tema es de conocimiento público y se convierte en parte de la identidad chilena, estaremos más preparados para defendernos ante cualquier situación de violación de los derechos humanos. El museo es una herramienta particular, pero la defensa de los derechos humanos son para ayer, para hoy y para mañana.
¿Qué otras iniciativas oficiales acompañan este museo?
Tenemos una serie de proyectos legales. Chile no había ratificado por ejemplo el Tribunal Penal Internacional (TPI) y recién este año se logró. Estamos tramitando ahora la Convención contra la Tortura y la Presidenta está detrás de crear una institución más permanente de los derechos humanos, el Instituto de Derechos Humanos. Estamos en su etapa final. Ha sido difícil y tenemos un sector de la agrupación de víctimas que no está de acuerdo con éste.
También se han promovido nuevas medidas de reparación complementarias a las que ya habido, como otorgar pensiones a las viudas de los presos políticos torturados. Es un proyecto que está en el Parlamento. Son 28.500 personas que fueron calificadas y debe haber unas 5.000 hoy. Lo otro es la identificación de las víctimas. En nuestro país esto es complejo, porque los restos fueron inhumados y exhumados ilegalmente, tirados al mar, y quedaron fragmentos difíciles de identificar. Hemos creado un banco de referencias familiares. En los próximos meses tendremos los primeros resultados.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
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El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
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