Foto: Cortesía de Simone Bruno
Colombia
Expertos discuten cómo sería el marco de una política pública de reparación integral para Colombia
La base de un modelo integral de reparación tiene que ser el reconocimiento.
La realización de los derechos básicos de las víctimas o la atención humanitaria, no pueden ser entendidas como medidas de reparación, pues no implican el reconocimiento. Con el fin de enfrentar los retos que encierra esta afirmación y proponer un modelo de políticas públicas para una reparación integral en Colombia, que vaya más allá de asistencia, el ICTJ conformó una mesa de expertos, en el marco del proyecto sobre medidas de reparación que desarrolla con el apoyo del gobierno de Canadá, esta mesa tuvo su primera reunión el pasado mes de agosto y se reunirá de nuevo en octubre. Los ejes de discusión bajo los cuales se estructurarán documentos de política pública, con recomendaciones de medidas concretas, son: rehabilitación sicológica, beneficios educativos, educación y desplazamiento, reparaciones colectivas y restitución de bienes y tierras.
La primera discusión que desarrolló la mesa de expertos partió de la base que la asistencia humanitaria no es equivalente a reparación, sin embargo, también se entiende que según las circunstancias la satisfacción de algunas necesidades básicas, si va acompañada de un discurso de reconocimiento y de priorización en la atención, puede enmarcarse en estos propósitos.
Sobre el tema de rehabilitación sicológica una primera aproximación parte de que éste es un problema público, de reconocer la precariedad del saber disponible en la actualidad, acerca del campo psicosocial y del precepto de que una afectación sicosocial de las víctimas no genera necesariamente un trauma. Por esto, el documento que se espera debe partir de una mirada panorámica del campo psicosocial, debe establecer categorías de actuación en las que se establezcan las acciones referidas: (i) a toda la población; (ii) a categorías de victimas y, por último, debe proponer herramientas y metodologías apropiadas para: (i) establecer un enfoque diferencial (género, edad, etnia), para la atención; (ii) contener dispositivos específicos para evitar la revictimización tanto como la victimización secundaria y la estigmatización; (iii) contener dispositivos que tengan en cuenta: la singularidad de las víctimas, el contexto de las mismas, dinámicas de fortalecimiento de las redes sociales y de la relación de estas con el Estado.
En el tema de beneficios educativos, para que no sean vistos sólo como la garantía de un derecho universal sino como una medida reparadora, estos deben tener un componente transformador que permita a las víctimas ejercer como ciudadanos. “Es fundamental la arquitectura del trayecto [educativo]. Ayudarles a superar las secuelas de violencia para que se mantenga su capacidad de aprendizaje, que conduzca a unas metas de más altas expectativas”, aseguró Leonardo Villa, integrante de la mesa experto en temas educativos. Sobre este tema se plantearon algunas medidas que serán estudiadas en las futuras discusiones como las becas o títulos de ahorro educativos. Además, se consideró que es importante que el sistema educativo en Colombia entienda el contexto del conflicto y eduque sobre éste con, por ejemplo, cátedras sobre los orígenes de la violencia.
El planteamiento desde las reparaciones colectivas partió del reconocimiento de lo limitada que es la experiencia internacional en el tema y también de la dificultad de definir los sujetos de reparación, sin que en Colombia exista un ejercicio previo de esclarecimiento histórico. La exposición partió del precepto de que este tipo de reparación debe ser para sujetos con una identidad colectiva y que no debe reemplazar a la reparación individual ni la lucha contra la pobreza en regiones necesitadas. Así mismo, se deben tener en cuenta organizaciones sociales y políticas que fueron destruidas por la violencia. Sin duda, esta política debe ir acompañada de medidas que permitan construir la confianza cívica.
En el caso de la consultoría sobre educación y desplazamiento, se parte del hecho de que reparar a las víctimas de desplazamiento es una obligación internacional del Estado colombiano, y de que no hay criterios y estándares internacionales sobre la restitución del derecho a la educación para población desplazada. Se parte también de reconocer que la oferta educativa actual que brinda el Ministerio de Educación Nacional y el SENA a víctimas de desplazamiento, carece de un enfoque reparador. Por tanto, el ensayo se propone concentrar el esfuerzo en construir una propuesta de criterios de reparación en educación específicamente pensada para víctimas de desplazamiento.
El enfoque de restitución de bienes y tierras parte de la realidad de que en Colombia ha existido un despojo masivo pero también una concentración de tierra. Bajo esta proposición la pregunta central es si se debe restituir, incluso si esto implica devolver tierra a los terratenientes, o si es mejor hablar de redistribución. Así mismo, uno de los retos que tiene la mesa de expertos es cómo solucionar este dilema pero también cómo articular una política de restitución con un modelo de desarrollo rural que está fundado en el modelo agroindustrial. Se plantearon además limitaciones en la reticencia del Estado a crear nuevas instituciones para que manejen este tema, y en la falta de sistematización de patrones de despojo sobre los cuales se puedan priorizar las intervenciones. Por tanto, el documento esperado busca evaluar la situación de la restitución de bienes a las víctimas de despojo en Colombia y contribuir, a través de recomendaciones y propuestas específicas, a la formulación de programas de restitución como parte de una agenda de reparación del despojo y/o de otras medidas de justicia distributiva para las víctimas de desplazamiento forzado. Bajo este entendido, el documento se concentra en determinar si es deseable y/o viable establecer un programa de restitución de propiedades en Colombia en el corto, mediano, o largo plazo; y si un programa de este tipo debe coexistir con otras medidas de justicia distributiva, del tipo de asignación de tierras y medidas de reforma agraria.
Unos de los retos aplicables a todos los enfoques bajo los que se busca crear una propuesta de política pública de reparación integral, tal como lo anotó Rodrigo Uprimny, integrante de la mesa y director de DeJuSticia, es que los estándares de reparación en el mundo están construidos para sociedades bien ordenadas y para casos aislados, y en muchos contextos son las propias víctimas las que piden que se les garanticen las necesidades básicas. Ante esta realidad, se planteó como posibilidad articular enfoque de reparaciones con los de la justicia distributiva. Pero sin duda las discusiones que seguirán tienen su base en un gran acuerdo general y es que las reparaciones implican reconocimiento. La próxima reunión tendrá lugar la segunda semana de octubre.
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
- PDF - Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión
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