

‘Los años de plomo’. Así se conoce en Marruecos a las cuatro décadas de protestas sociales por la situación económica y social, y las constantes acciones de represión estatal que empezaron poco después de que Marruecos logró su independencia, a finales de los años 50, y duraron hasta entrados los años 90.
Fue una época oscura que terminó con la liberación, en 1991, de cientos de personas hasta entonces consideradas desaparecidas, y con la comprobación de que durante mucho tiempo en el país la represión incluía torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias.
Los años más duros de la represión fueron los 70 y los 80, con un conflicto social y político concentrado en unas regiones más que en otras. Al menos 11 de ellas fueron, hasta hace poco, castigadas y marginadas, por ejemplo, de los programas de desarrollo económico y del suministro de servicios públicos. Se calcula que hubo unas 10 mil víctimas directas.
Marruecos es, en teoría, una monarquía constitucional –hay instituciones democráticas, pero con un rey a la cabeza del Estado–. Sin embargo, los poderes del rey son ilimitados y, es además el líder espiritual y el ‘Comandante de los Fieles’. Durante los últimos años, el país ha experimentado una liberalización gradual, y también se ha facilitado el ambiente para que el tema de las violaciones a los derechos humanos ingrese en la agenda pública.
Habib Nassar, asociado del programa Medio Oriente y África del Norte del ICTJ, explica que luego de la represión, los años 90 inauguraron en Marruecos una época de apertura política y reformas institucionales. Se trató de un proceso de justicia transicional sin cambio de régimen, que incluyó la creación del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos en 1990, del Ministerio de Derechos Humanos en 1993 y de la Comisión Independiente de Arbitraje para la Indemnización, en 1999. El fin de esta última era reparar a las víctimas de la represión.
“Se pagaron indemnizaciones a las víctimas, y las sumas eran altas, pero la gente quedó insatisfecha porque necesitaban también saber la verdad y tener un reconocimiento oficial del daño que les causaron –explica Nassar–. Después de esa primera comisión, la sociedad civil y las víctimas se movilizaron para que se creara una comisión de la verdad. Lo que esto refleja es que las víctimas no van a ver una compensación como reparadora si no se acompaña de medidas de verdad y reconocimiento”.
La demanda social de conocer la verdad de ‘los años de plomo’ abrió el camino para la creación de la Comisión de la Equidad y la Reconciliación en 2004, la cual investigó los abusos cometidos entre 1956 y 1999. Entregó su informe en 23 meses y el Rey Mohamed VI lo avaló en enero de 2006.
El documento sirvió para crear una narrativa ‘oficial’ de los hechos y resaltó la responsabilidad de las instituciones del Estado y los organismos de seguridad, aunque dejó de lado la cadena de mando y los nombres de los perpetradores. En él se recomendó hacer reformas estatales, pero también implementar un programa de reparaciones tanto individuales como colectivas.
Unas 9.000 personas recibieron reparaciones individuales, que en total sumaron unos 80 millones de dólares. Desde el año pasado se implementa el programa de reparaciones colectivas mediante proyectos de desarrollo en las 11 regiones priorizadas, que van desde alcantarillados y apicultura hasta el ecoturismo y la producción audiovisual. En los dos primeros años, 2008 y 2009, se han entregado unos 4,3 millones de dólares.
“Las víctimas directas en buena medida se sienten satisfechas en lo individual, porque con la reparación les llegó una carta del gobierno reconociendo el daño, pero critican que no se les haya consultado sobre algunas medidas de reparación colectiva como los lugares de memoria, es decir, los centros de detención donde ellos mismos estuvieron recluidos. En este momento se está tratando de solucionar ese problema”, agrega Nassar.
En lo colectivo, el otro talón de Aquiles son la centralización de las decisiones en instituciones localizadas en la capital, Rabat, y la percepción de que los comités locales tienen poca autonomía.
En Marruecos, la naturaleza de los proyectos que se han aprobado como reparación colectiva ha dado pie a una discusión que también afecta a países como Colombia o Perú: ¿hasta qué punto se trata de ayuda humanitaria, satisfacción de derechos básicos o desarrollo humano y hasta dónde llega la reparación? Nassar explica que “las reparaciones tienen que venir con un mensaje de reconocimiento, si no serían solo una compensación". Y agrega: "Lo que cuenta no es tanto la forma –servicio social, proyecto de infraestructura o apoyo en salud y educación– sino el mensaje del que se acompaña".
Hoy en día, el proceso de justicia transicional en Marruecos todavía está en proceso. Las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación en cuanto a reformas institucionales apenas empiezan a implementarse, las reparaciones colectivas están en sus primeras etapas, hay casos de desaparición sin resolverse y, sobre todo, el debate sobre las reparaciones a las víctimas continúa abierto.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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