
Reparación administrativa sin reconocimiento de responsabilidad del Estado. Discusiones no resueltas sobre quién tiene la obligación de reparar a las víctimas y por qué. Cómo embarcarse en reparación colectiva a comunidades afectadas por la violencia, cuando los derechos básicos de las personas que viven en ellas no se garantizan. Esos son tres de los puntos álgidos en Colombia hoy a la hora de hablar de indemnizaciones estatales a las personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos.

Investigadores del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) dedicaron un año y medio a indagar qué ha significado la reparación por violaciones a los derechos humanos para cuatro comunidades colombianas que han recibido indemnizaciones o ayuda humanitaria y en qué han invertido el dinero que les han entregado. Incluyeron una quinta organización afrodescendiente que, aunque no ha recibido ni lo uno ni lo otro, ha elaborado una reflexión sobre el sentido de una eventual reparación a comunidades ancestrales. La investigación hace parte de un libro editado por el ICTJ y Dejusticia.
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Como cabeza de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos conformada para proponer políticas sobre memoria y reparaciones simbólicas, María Luisa Sepúlveda está a cargo de la construcción de un museo para recordar los abusos de la dictadura.
Once regiones que sufrieron la estigmatización y el atraso fueron escogidas por el Estado marroquí para ser beneficiarias de reparaciones colectivas. Sin embargo, hay críticas al programa por considerarse muy centralizado en las decisiones y con poca participación de las víctimas individuales han sido criticadas por la sociedad civil.
La base de un modelo integral de reparación tiene que ser el reconocimiento. La realización de los derechos básicos de las víctimas o la atención humanitaria no pueden ser entendidas como medidas de reparación, pues no implican el reconocimiento.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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