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INTERNACIONAL
Reparaciones en Perú: sólido marco normativo pero poca implementación
A casi seis años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), que contenía una propuesta del Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto armado interno; se puede afirmar que los resultados en implementación son escasos y que el principal avance es la estructuración de un marco institucional y normativo.
El PIR fue concebido no sólo para responder al daño individual que sufrieron las víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y el 2000, sino también para abarcar las distintas dimensiones de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el daño colectivo sufrido por muchas comunidades. Por esto, el PIR, con una dimensión integral, encierra entre sus componentes programas de reparación simbólica, en salud, educación, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones económicas y colectivas(1).
Desde la entrega del Informe Final, el Estado peruano ha emprendido un conjunto de acciones que han permitido crear las condiciones estructurales y normativas para la entrega de reparaciones, pero aún no avanza en su implementación. De estas acciones, las más significativas son:
- La aprobación de planes regionales de reparación y creación de comisiones multisectoriales regionales de reparación, a iniciativa de varios gobiernos regionales.
- A nivel nacional, la creación de un mecanismo de seguimiento general, constituido en febrero de 2004 bajo el rótulo de Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN) como ente coordinador, encargada de elaborar los programas de reparaciones y de coordinar y supervisar su ejecución.
- La aprobación, en julio de 2005, de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, que tiene por objeto «establecer el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones - PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación», y de su reglamento en julio del 2006.
- El establecimiento a fines del 2006 del Consejo de Reparaciones a cargo de la elaboración del Registro Único de Víctimas que permitirá la identificación de las víctimas y los beneficiarios individuales y colectivos de las medidas de reparaciones.
Los retrasos en la implementación se deben al Estado pero también a la falta de información y conocimiento de sus derechos que tienen los beneficiarios de las medidas de reparaciones (las víctimas, sus organizaciones, las comunidades). Por parte del Estado, hay una demora en asumir la responsabilidad y concretar presupuesto para la materialización de la política, al tiempo que le ha quitado integralidad a lo recomendado por la CVR.
Esto se manifiesta en que aún no avanzan las reparaciones individuales y que la única política de reparación asumida por el gobierno es la implementación de un programa de reparaciones colectivas que consiste en proyectos de inversión hasta por 24.000 euros por comunidad afectada
Otro problema para la implementación es que los beneficiarios de las medidas no se ven a sí mismos como sujetos de derechos y no llevan con efectividad sus reclamos ante el Estado. Así mismo, las organizaciones de víctimas se encuentran dispersas y desarticuladas, y con dificultades en materia de liderazgo y representatividad.
Para contribuir al avance de estos procesos, reconociendo la importancia de las acciones y agencia de las organizaciones y de la sociedad peruanas en este proceso, el ICTJ apoyó la instalación del Consejo de Reparaciones y la elaboración del Registro Único de Víctimas, contribuye con otros socios al seguimiento y monitoreo de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas, y ha invitado a quienes implementan estas políticas a diferentes foros y conferencias para compartir experiencias comparadas.
A su vez, valorando la historia de participación que se dio en la elaboración de las recomendaciones de la CVR y en la aprobación de la ley del PIR, el Centro considera necesario ayudar a fortalecer las capacidades de las comunidades campesinas y nativas, de las organizaciones de víctimas y de las víctimas mismas, para que puedan incidir y participar en el proceso de reparaciones. En el cumplimiento de este objetivo trabaja el ICTJ en la actualidad en este país de la mano de distintas organizaciones locales como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano (Ceidhu), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap) entre otras, en los departamentos de mayor concentración de víctimas: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Huanuco.
Reparaciones colectivas: poca consulta, pocas mujeres
Un proyecto de vigilancia del Programa de Reparaciones Colectivas – llevado a cabo por el ICTJ y Aprodeh, en asociación con la Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza, el Ceidhu y el Caaap – arrojó que el 58.5% de la población de comunidades donde se estaban implementando reparaciones colectivas en el primer semestre de 2008 sabía de la existencia del proyecto, pero, a pesar de que el programa incluye un proceso participativo para la definición de los proyectos de inversión, sólo el 21% había participado en la elección de prioridades.
En promedio, solamente el 23% de la población de los centros poblados reconocía que el proyecto a ejecutarse emanaba de la afectación colectiva sufrida por violencia política y lo identificaba como un proyecto de reparación. Estos porcentajes eran notablemente menores entre las mujeres. En efecto, las mujeres se encontraban siempre en desventaja en relación con los hombres, tanto en relación al conocimiento del proyecto de reparaciones colectivas y la percepción sobre el mismo de ser una política de reparación, o sobre el conocimiento de la realización de asambleas comunales para la elección del proyecto y la participación en éstas.
Así, la mayoría de mujeres no conocían los proyectos a ejecutarse, y de ellas, sólo el 15.4% lo reconocía como reparación colectiva por afectación por violencia política.
Finalmente, los proyectos elegidos con mayor frecuencia correspondieron a la construcción de locales comunales u otros espacios comunes, seguido de proyectos relacionados a infraestructura de riego y de saneamiento (agua y desagüe) y escasamente tienen un componente de género ni responde a los intereses de las mujeres que integran las respectivas comunidades.
Todo ello conduce a que no existe un vínculo entre el daño sufrido por la comunidad como consecuencia de la violencia política y violación de derechos humanos y los proyectos escogidos. “En consecuencia, este programa de reparaciones colectivas no aborda el problema más complejo diagnosticado por la CVR y que fue un componente central del conflicto armado, como es la exclusión y marginalidad de las comunidades campesinas y indígenas de la Sierra y la Amazonia, ni responde necesariamente a las consecuencias de la violencia política sino sólo a algunas carencias estructurales limitadas sufridas por estas poblaciones”, aseguró Cristián Correa, miembro del equipo de reparaciones del ICTJ y asesor del proyecto Incidencia de organizaciones de víctimas en la implementación de reparaciones, que adelanta el ICTJ en Perú.
“El proyecto puede ser una contribución valiosa para algunas comunidades y su diseño participativo es un buen signo de la intención expresada por el gobierno de cambiar su relación con las comunidades. Sin embargo, estos objetivos se podrían cumplir mucho mejor si se prestara mayor atención al grado de participación efectiva de las comunidades, si se incluyeran formas de reconocimiento de la memoria de la comunidad para el diseño de las obras y si se vinculara el proyecto a estrategias regionales de desarrollo, que generaran mayor impacto en la integración social, económica y política de las comunidades”, agregó Correa.
Estas conclusiones fueron enviadas a quienes implementan estas políticas, que tratan de atribuirle sentido reparador a estas políticas, a través de las ceremonias de entrega de las obras o de inicio de ellas. No obstante, aún hay camino por recorrer para mejorar la capacidad de participación y particularmente para hacer posible que esta política responda a la afectación y marginación de mujeres.
¿Qué propuso la CVR?
La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú pensó en las reparaciones a las víctimas de la violencia como un proceso integral que debía incluir reparaciones económicas pero también simbólicas, en salud, educación, restitución de derechos y reparaciones colectivas. A continuación, los puntos más importantes de cada componente:
- Reparaciones simbólicas: incluyen gestos públicos de perdón, actos re reconocimiento, lugares de la memoria, entre otros.
- Reparaciones en salud: incluyen la recuperación integral desde la intervención comunitaria y clínica.
- Reparaciones en educación: incluyen exoneración de pagos, becas integrales con cuotas por región y tipo de carrera profesional, créditos educativos y programas para adultos.
- Programa de restitución de derechos ciudadanos: incluye componentes como la regularización de la situación jurídica de los desaparecidos, los requisitoriados y los indocumentados, y anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales de las personas inocentes que estuvieron en prisión, entre otros. Así mismo, asesoramiento jurídico- legal y exoneración de pagos.
- Reparaciones económicas: incluyen pago de pensión y/o indemnización, y también beneficios en forma de servicios como puntaje en programas de vivienda y empleo.
- Reparaciones colectivas: incluyen consolidación institucional para las comunidades campesinas, nativas y otros centros poblados afectados por el conflicto; recuperación y reconstrucción de la infraestructura productiva, recuperación y ampliación de los servicios básicos, empleo y generación de ingresos.
(1) Para una descripción comprehensiva más actualizada del Plan Integral de Reparaciones en el Perú y un análisis del mismo ver Julie Guillerot “Reparaciones en la transición peruana: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?” en Reparaciones para las víctimas de la violencia política, Catalina Díaz (ed.), (Bogotá, ICTJ, 2008). Ver también Julie Guillerot y Lisa Magarrell, Reparaciones en la transición peruana: Memorias de un proceso inacabado, (Lima, ICTJ, APRODEH, OXFAM, 2006) y Julie Guillerot, “Linking Gender and Reparations in Perú: A failed opportunity” in What happened to the women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, Ruth Rubio-Marín (ed.), (New York, Social Science Research Council, 2006).
¿En qué consiste la reparación a las víctimas?
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