
Un espantapájaros con cabeza hecha de plato de piñata y brazos de mantel vigila la entrada de la escuela. Adentro los niños juegan a pintar figuritas en el tablero, mientras el muñeco los cuida: por algo lo llaman ‘espantamiedos’. Un par de señoras cuentan cuántos faltan por recibir empanadas y chocolate sin leche. Tres saltimbanquis se mojan en el patio –porque está lloviendo– haciendo unas piruetas. ¿Por qué un espantapájaros que los defienda del miedo? Porque en ese patio dejaban a los muertos. En esa escuela, a partir de 2001, no hubo clase por tres años. En esas paredes escribían amenazas.
Al lado de la escuela pasa una carretera, y por la carretera se ven casas vacías, de gente que murió, desapareció o se fue en medio de los hostigamientos. Esta es la vereda San Miguel Santa Cruz, de La Unión, en el Oriente Antioqueño, y lo que pasó aquí marcó tanto a la población que el ‘espantamiedos’ es una forma sutil, pero poderosa, de hacerles exorcismo a los recuerdos dolorosos.
En Mesopotamia, un corregimiento de La Unión ubicado a 20 minutos de allí, con la magnitud suficiente para ser un pueblo aparte, guardan otro muñeco de trapo, y este los protege de que se repitan hechos como la masacre de cinco jóvenes cometida el 26 de abril de 2000 en pleno parque.
Las historias de los muchachos asesinados, y las de los niños de la guardería que funcionaba en la escuelita de San Miguel Santa Cruz que tuvieron que quedarse un día entero encerrados mientras amainaba un combate, estremecen a cualquiera contadas con la voz de los propios protagonistas. Tras escucharlas, la idea inspiró a los miembros de Revivir, la asociación de víctimas de La Unión: se dieron a la tarea de producir, durante el último año, videos, textos, mapas y animaciones sobre lo que pasó en el pueblo, para que todo el mundo lo conozca y nunca más vuelva a repetirse. Es un ejercicio no oficial de memoria al que acuden organizadas muchas de las víctimas de la región, que implicó un proceso de duelo, de socialización del dolor y que terminó plasmado en una propuesta para recordar y seguir adelante.

‘Sobrevivientes hacemos historia contra el olvido’ es el nombre del trabajo que circula desde junio por La Unión, por el Oriente antioqueño y por Internet, con 150 historias personales distribuidas en un mapa y cinco videos que narran los hechos más dolorosos de la trágica historia reciente del municipio. Para hacerlo, contaron el apoyo de organizaciones como el Cinep, la Unión Europea y el ICTJ.
“Vamos a ir a las organizaciones comunitarias, escuelas, los colegios, a todas las veredas. Vamos a mostrar este trabajo tan bonito que no se nos debe quedar en unas solas personas, sino en toda la comunidad. Que todo el país y el mundo conozca la historia de la guerra tan horrible que ha vivido, dentro del conflicto armado, la comunidad entera de La Unión”, cuenta Ana Rita Castro, habitante del corregimiento de Mesopotamia, cuya historia personal –como otras 130 personas del municipio– dio un giro del encierro causado por las secuelas de la violencia al activismo por los derechos de las víctimas del conflicto. Es la presidenta de Revivir.
Sandra Castro Mesa, de 19 años, oriunda de la vereda San Juan, donde su hermano era presidente de la Junta de Acción Comunal en 2000 y quedó con trauma psicológico luego de que lo amenazaran de muerte, cuenta que no fue tan difícil recoger tantas historias, por el terreno que ha abonado Revivir desde 2003. “Entre los miembros de la junta directiva seleccionamos los cinco hitos, fuimos a las partes donde ocurrieron los hechos, contactamos a las familias, y necesitaban mucho que alguien los escuchara. Pero al comienzo fue duro porque tenían mucha desconfianza”.
“Este trabajo va a servir de mucho, porque así sabemos que nunca vamos a olvidar”, dice Luz Dary Pavas, de la zona urbana, a quien le mataron el esposo en 1996 y el hermano en 2001, justo el mismo día, un 30 de enero.
Unas 600 personas guardan, a oscuras, completo silencio frente a la pantalla. “Ernesto Ríos Arias: 1956-1995”. Aparece una foto, un hombre de pantalón blanco y camisa verde hablando por un micrófono con la mano derecha levantada, y tres mujeres en el público se miran entre ellas apenas lo reconocen: las dos más jóvenes –Diana e Isabel Cristina Ríos, de 20 y 22 años– son las hijas del hombre de la foto; la del medio –Luz Amparo Toro– es su viuda.
Él fue el segundo de cinco concejales asesinados. Ellas tuvieron que irse del pueblo. La Unión les trae recuerdos muy penosos. Volvieron para hacerles frente, como lo hicieron las demás personas presentes en el teatro de La Unión, que acudieron el 30 de mayo pasado a la presentación de la multimedia producida por Revivir. El acto es solemne:
Empieza a rodar un video: en él las tres explican que Ernesto Ríos era un líder comunitario, que se había graduado de abogado, que el coliseo del pueblo se llama como él por su apoyo al deporte, que le decían revolucionario, que un día se quedó de ver con la esposa y no apareció, que llegaron en la noche a decir que lo habían matado.

Después hablan los familiares de los otros cuatro concejales que murieron entre 1993 y 2001. Aparecen cuatro videos más: en uno, la gente de la vereda San Miguel Santa Cruz cuenta cómo les dejaban cadáveres en el patio de la escuela; en otro, una madre describe cómo murieron sus hijos, un par de niñitos gemelos, en una bomba que explotó en su finca; uno más reseña la masacre y el desplazamiento masivo de Mesopotamia, y el último cuenta la vida de John Jairo Botero López, alcalde asesinado en 1994.
“Poder compartir la historia con otra persona hace sanar un poco el dolor y la tristeza”, comenta Luz Amparo Toro una hora más tarde, con una flor en la mano –la que le dieron a todas las víctimas como un homenaje– y de camino a Medellín, donde vive con sus hijas. Allá ella es odontóloga y Diana e Isabel Cristina, universitarias.
Antes de irse, Luz Amparo dice que se ha cerrado un capítulo y puede comenzar otro. “Tener todas las memorias hace que podamos avanzar, construir un mejor futuro. Que nuestros hijos y nietos sepan que esto no salió de la nada, sino de alegrías, tristezas y frustraciones”.
*Videos elaborados por la Asociación de Víctimas Revivir una Nueva Esperanza

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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