
Desde lo oficial, se han adelantado proyectos como acciones alternativas por la paz, que involucra a 400 jóvenes de 50 organizaciones de sectores populares en la utilización del arte y otras manifestaciones culturales como forma de mejorar la convivencia y prevenir la delincuencia y la vinculación a grupos armados ilegales. Asimismo, 40 docentes de colegio se han capacitado en un diplomado en derechos humanos con el fin de implementar una cátedra de paz y el gobierno local lideró una investigación sobre las experiencias de paz de la última década en la ciudad que puedan servir de insumo para una política local de paz.
Entre los proyectos más llamativos de la ciudad se cuenta el Laboratorio de Reparación Simbólica, que empieza a discutirse en la comuna 7, una de las más pobres de la ciudad y asediada por años por guerrilla y luego por paramilitares. Allí estos últimos masacraron en 1998 a 7 personas y desaparecieron a 25. El propósito del Laboratorio, que comienza dentro de un mes y en el que participan habitantes del sector y 18 desmovilizados, es que de manera concertada la comunidad decida de qué manera los reinsertados pueden resarcir el daño que causaron cuando formaban parte de grupos armados ilegales: barriendo las calles, siendo ayudantes en negocios, entre otras ideas.
Entre las iniciativas no oficiales, se destaca, por ejemplo, Comunas, Territorios de no Violencia, de la Comisión Cívica de Convivencia Ciudadana, encabezada por la Diócesis de Barrancabermeja. Incluye desde acciones simbólicas –creación de murales y monumentos– hasta movilizaciones –marchas por las comunas– y proyectos de recuperación de derechos civiles, económicos y sociales.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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