
En la Comuna 7 de Barrancabermeja, un grupo de 18 desmovilizados se capacita para ponerse a hacer, dentro de un mes, las labores que les pida la comunidad: esa es su primera forma de reparación simbólica por el daño que les causaron a sus víctimas. En Medellín, se empezará a construir en los próximos meses la Casa de la Memoria, un museo que también será centro de documentación y espacio pedagógico, para recordar los horrores de la violencia. En Cartagena, la Alcaldía propuso formalizar un aporte de un dólar por cada turista que llegue a la ciudad para enviarlo a un fondo para las víctimas.
Los municipios son los entes gubernamentales encargados de implementar las políticas generales de atención a la población y, en esa medida, deben prestar servicios básicos –como educación, salud, agua potable y servicios públicos–, suplir necesidades respecto a vías, cultura y deporte, vivienda y asistencia técnica agropecuaria, pero también tienen responsabilidad en la atención de grupos vulnerables, entre ellos las víctimas del conflicto armado.

Las víctimas de La Unión, en el Oriente Antioqueño, produjeron una presentación multimedia con más de 150 relatos de asesinatos, desapariciones, secuestros y desplazamiento. Lo hacen para que las nuevas generaciones conozcan los horrores que padecieron y estén conscientes de lo que no puede volver a ocurrir.
Desde el enfoque de la justicia transicional, los pedidos de perdón son entendidos como formas de reparación simbólica.
A casi seis años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), que contenía una propuesta del Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto armado interno; se puede afirmar que los resultados en implementación son escasos y que el principal avance es la estructuración de un marco institucional y normativo.
A partir de julio, más de 4.400 personas de las 245.000 registradas han recibido pagos por vía administrativa. Aunque el proceso representa un avance en la respuesta a las víctimas, los actos públicos en que han sido entregadas las compensaciones han enviado mensajes contradictorios.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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