
Margarita Morales y otras 250 personas afectadas por la violencia en Granada (oriente antioqueño) conformaron hace dos años la organización Asovida, una de las siete iniciativas no oficiales de memoria que apoya el ICTJ en varias regiones de Colombia.
Escoger qué se dirá de cada persona en el Salón del Nunca Más parece una tarea interminable para Margarita Morales y su equipo. En un espacio de la Casa de la Cultura de su pueblo, Granada (Antioquia), mostrarán a partir de julio una exposición de fotos y recuerdos de cientos de víctimas de la violencia armada, y hay tanto que decir “que todavía estamos seleccionando información”, dice Margarita.

En el lugar no sólo habrá nombres, edades y profesiones, sino también qué le gustaba a cada persona, qué sueños tenía, quiénes eran sus seres queridos, cuánta falta hace en su comunidad. Serán muchas fotografías, agrega Margarita, y cada una servirá para “recuperar la dignidad y ayudar a limpiar el nombre de aquellos que murieron”. A ella ese es el tema que más le interesa: aclarar que no fueron las víctimas las culpables de los delitos que se cometieron en su contra ni, como suele decirse en Colombia, que ‘alguna razón debió haber’ para que ocurriera lo que ocurrió.
Margarita, un ama de casa que se cansó de “vivir encerrada 24 años”, en parte por el crudo conflicto y en parte por las costumbres machistas, se convirtió hace dos años en líder de un doloroso pero necesario proceso de memoria, que ha incluido iniciativas como esta, el Salón del Nunca Más. Después de perder a nueve familiares –seis fueron asesinados y tres desaparecidos, entre ellos su hijo José Isaías– y de negarse a salir a la calle, decidió que era hora de empezar a hablar en voz alta.
“Vivía encerrada a raíz de mi dolor. Un día empecé a participar en un espacio que se llamaba ‘Abrazos’, en un comité de reconciliación local y en la ayuda psicosocial que daban las promotoras de salud –explica–. Fui viendo que tenía mucho dolor dentro de mí, pero que tenía que luchar por mí para salir adelante, pero también por otras personas que estaban necesitadas”.
Ya son al menos 250 los sobrevivientes de toda clase de abusos a los derechos humanos los que se unieron en la Asociación de Víctimas de Granada (Asovida) –Margarita es la vicepresidenta– para recuperar la memoria del conflicto y atender desde asuntos políticos hasta preocupaciones más pragmáticas, como conseguir dinero para asistir a las versiones libres de los paramilitares desmovilizados y tocar puertas para que las víctimas reciban apoyo psicosocial y jurídico.
La organización tiene pares en 22 municipios del oriente antioqueño, que están agrupados en la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos (Aproviaci).
En los registros de organizaciones sociales, 140 habitantes de Granada figuran como desaparecidos, mientras otros 400 murieron asesinados y unos 14.000 fueron desplazados. Según Margarita, es tal la magnitud de la violencia que “el dolor de otras personas le hacen ver a uno que lo que vivió no es nada” y que “el dolor que uno lleva adentro es algo muy personal y no se puede imponer a otra persona perdón y olvido”.
Lo más difícil del trabajo de Asovida es que la violencia no ha cesado, y eso amenaza la búsqueda de la verdad y el reconocimiento público de las víctimas, pero, a diferencia de muchos municipios colombianos afectados por violaciones generalizadas a los derechos humanos, aquí sus habitantes se han atrevido a confrontarlas.
¿Cómo lo lograron? Margarita explica que, en parte, el éxito ha dependido de que hay una organización regional fuerte y a que Asovida tiene el apoyo de internacionales y nacionales reconocidas –como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)–. Otra buena parte se la deben a la insistencia.
“El conflicto no ha cesado y ha sido muy duro, porque la administración no ha apoyado mucho, pero aún así hemos logrado incidir bastante en lo político y desde el año pasado hemos logrado que la misma administración local empiece a reconocer el trabajo de la organización”, explica Margarita.
“Nos sentimos orgullosos –continúa– de haber sensibilizado ante la situación, de ser solidarios, de no estar señalando uno al otro. Ante todo, de recuperar nuestra dignidad y salir de ese encierro en el que nos quedamos.

Poder sentir lo que sentimos. Poder sentirnos personas importantes, no tanto como víctimas”.
El Salón del Nunca Más es sólo la última de una serie de iniciativas de memoria lideradas por Asovida en Granada. Entre las primeras estuvo la caminata Abriendo trochas por los desaparecidos hacia el sitio San Matías, donde se habían exhumado varios cadáveres. Los participantes leían el nombre de siete desaparecidos cada vez durante el camino, y los escribían en piedras.
Esas piedras, 128, fueron a dar después al Parque de la Vida, y constituyen un crudo testimonio de la desaparición forzada en el oriente antioqueño.
Entre otras iniciativas está un mural “en que ‘aparecen’ los desaparecidos”, como lo dice Margarita, y eventos como el primer Encuentro Regional de Derechos Humanos y Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado del Oriente Antioqueño, celebrado en septiembre de 2008, en el que hubo actividades simbólicas como una marcha y ofrendas a las víctimas.
Así se lucha contra el olvido en Granada, “con nuestras propias voces, diciendo lo que sentimos”. Del estado no se espera mucho, y eso incluye una posible ley de víctimas: “Ni creemos en eso, porque hoy nos dicen ‘sí’ y mañana nos dicen ‘no’. Para los desmovilizados sí hay plata; para las víctimas no”, apunta Margarita.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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