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Bienvenidos a esta primera edición del Dossier Reparaciones, un producto del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con apoyo del Fondo para la Paz y la Seguridad Globales del Gobierno de Canadá, con el fin de aportar argumentos e información calificada al debate actual sobre la reparación a las víctimas de la violencia en Colombia y como un aporte a la elaboración de políticas públicas que las beneficien.
Este informativo de circulación bimensual busca ser una herramienta de información sobre los debates políticos y técnicos sobre el tema de reparaciones, pero sobre todo un medio de difusión de los intereses de las víctimas, que encontrarán en éste su propio espacio. Entrevistas de expertos, noticias sobre los debates políticos actuales, experiencia comparada y la visibilización de las necesidades de las víctimas, hacen parte de este dossier que el ICTJ entrega desde hoy a sus lectores.
Los invitamos a leerlo, a difundirlo entre audiencias interesadas y a hacer de éste una tribuna en la que se plasmen los intereses de las víctimas.
“Solicito no aprobar la ley de víctimas como está concebida, pues viola los derechos de las víctimas y desconoce las manifestaciones de voluntad y las expectativas de miles de víctimas de todo el país, lo cual no contribuye a la reconciliación y la búsqueda de la paz en Colombia”.
Con esas mismas palabras, fueron 6.000 las cartas que llegaron desde febrero pasado a manos de los representantes a la Cámara con firmas, cédulas y huellas digitales de víctimas del conflicto que habían participado en audiencias públicas con la esperanza de que el estado colombiano creara un estatuto para proteger sus derechos y que, ante los cambios desfavorables que ha tenido la iniciativa, prefieren ahora no tener ninguna ley.

La reparación a las víctimas de la violencia es una entre muchas iniciativas de justicia transicional. Por esto, los programas de reparaciones deben ir de la mano de programas de esclarecimiento histórico, acceso a la justicia y reforma institucional, afirma Pablo de Greiff, director de Investigaciones del ICTJ y experto reconocido internacionalmente en este tema. El requisito fundamental de la reparación a las víctimas, sin embargo, es el reconocimiento de responsabilidades. Sin esto, no hay condiciones claras para reparar.
Para abordar los aspectos teóricos esenciales de las reparaciones así como el caso de Colombia a luz de la experiencia internacional, hablamos con Pablo de Greiff, desde las oficinas del ICTJ en Nueva York.
Escoger qué se dirá de cada persona en el Salón del Nunca Más parece una tarea interminable para Margarita Morales y su equipo. En un espacio de la Casa de la Cultura de su pueblo, Granada (Antioquia), mostrarán a partir de julio una exposición de fotos y recuerdos de cientos de víctimas de la violencia armada, y hay tanto que decir “que todavía estamos seleccionando información”, dice Margarita.

Las medidas de reparación implementadas en Chile, que benefician aún hoy a las víctimas de la dictadura militar que tuvo lugar entre 1973 y 1990, han sido exitosas a la luz de la experiencia internacional, y a pesar de algunas inconsistencias en la implementación, porque en vez de incluir sólo el pago de sumas económicas únicas, han buscado entregar beneficios sociales a las víctimas, medidas que han permitido el reconocimiento de sus derechos como individuos y ciudadanos.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
Creado en mayo de 2005 por el gobierno de Canadá, el GPSF apoya procesos de paz, esfuerzos de mediación y el desarrollo de iniciativas de justicia transicional y reconciliación. Así mismo, contribuye a la construcción y al fortalecimiento de capacidades para la paz y a promover estrategias de protección de la población civil, y reducir el impacto de las minas antipersona, armas pequeñas y ligeras.
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